Así, esta organización ha remitido un documento al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, "para que no se pase por alto la dimensión inclusiva de la discapacidad" en este examen. Para el CERMI, los niños con discapacidad que residen en España "ven vulnerados sus derechos humanos en múltiples formas, al experimentar una situación estructural y sistemática de discriminación y exclusión social".

 

"En España se viola el derecho de los niños con discapacidad a tener una educación inclusiva de calidad y el derecho de sus familias a elegir la educación que quieren para sus hijos", alerta el CERMI, que reclama una reforma educativa que establezca "un sistema educativo inclusivo en el que no exista educación especial ni segregadora". En la actualidad, un 20% del alumnado con discapacidad sigue sus estudios en sistemas segregados, "algo inadmisible desde un punto de vista de la exigencia de inclusión e igualdad de trato".

 

Asimismo, alerta de que la esterilización forzosa a niñas con discapacidad es otro "elemento sangrante" del que aún perviven ciertos vestigios en el ámbito jurídico y que se aplica en la práctica fundamentalmente a mujeres y niñas con discapacidad intelectual, incapacitadas judicialmente, "a las que se priva de una función esencial corporal, como es la posibilidad de reproducirse sin que hayan tomado la decisión por sí mismas".

 

Otro aspecto en que, a juicio del CERMI, España no protege los derechos de los niños con discapacidad es el de la "institucionalización" a la que se ven sometidos muchos menores, que "viven de modo forzado en estructuras segregadas, separadas del curso común de la vida social".

 

También alerta de que en España "no existe una adecuada política de especial apoyo a las familias en las que viven niños y niñas con discapacidad", situación que se agravó durante la crisis económica con consecuencias que "siguen sin revertirse".

 

El CERMI plantea en su informe que resulta necesario realizar una "revisión exhaustiva de la normativa española", tanto para dar el debido cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como para solucionar los "graves problemas" que los menores con discapacidad afrontan en nuestra sociedad.

 

Este examen, que se realiza periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención, sirve al Comité de los Derechos del Niño de mecanismo de control y supervisión de los mismos. El último examen que se realizó a España tuvo lugar en 2010.

 

(Información publicada por Europa Press)